Cumplir los retos de un sistema de producción sostenible y bajo en carbono requiere de un ordenamiento jurídico. La nueva Ley de residuos y suelos contaminados incorpora directivas de la Unión Europea y deroga la Ley 22/2011 del mismo nombre. En contraste con la hace una década, la normativa ahora vigente pretende minimizar la generación de residuos y potenciar la reutilización. Sin duda, la Ley de residuos y suelos contaminados es una gran oportunidad de innovación y desarrollo empresarial.
Diferencias entre la nueva ley y la 22/2011
Medio ambiente y crecimiento económico conforman una fusión inseparable. La gestión de residuos es en la actualidad una de las mayores fuentes de innovación, riqueza y creación de empleo. Sin embargo, era imprescindible una nueva ley de residuos con la que poder cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La Ley 7/22 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular es, por tanto, una notable revisión de la normativa anterior.
En efecto, la nueva Ley de Residuos 2022 contiene bastantes diferencias respecto a la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados. Entre las claves principales se priorizan la reutilización y reciclaje como formas de maximizar la producción. En este sentido, la nueva ley de residuos estipula objetivos cuantificables como instrumento político para la reducción de los desechos. Las medidas reductoras encaminadas a un cambio de paradigma en la producción y el consumo tienen como finalidad disminuir el volumen de los residuos en un 13% en 2025.
Estos son otros principios recogidos en la Ley de residuos y suelos contaminados:
- Medidas fiscales que incentiven la economía circular.
- Reforzamiento de los principios de proximidad y autosuficiencia para el traslado de residuos. Esta idea está en consonancia con la política ambiental de la UE y se aplica también a los residuos destinados a la valorización. No obstante, se restringe la facultad de las comunidades autónomas para poner limitaciones al libre traslado de los residuos de cualquier tipo para su eliminación o de los residuos domésticos sin separar para su valorización.
- Adopción del principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos. Esta escala abarca la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje y cualquier forma de valorización de los residuos.
- La prevención como forma de amortiguar el impacto ambiental del crecimiento económico. De esta manera, se reducen en cantidad y composición las sustancias que son perjudiciales para el medio ambiente y la salud.
- La prohibición de los plásticos de un solo uso y de la eliminación en vertederos por parte de las industrias de los excedentes de bienes perecederos.
- Ampliación de los registros electrónicos vinculados a la producción y gestión de los residuos peligrosos.
- La importancia de las entidades locales en el tratamiento de los residuos. Se elimina el concepto de residuos urbanos y se distingue entre residuos domésticos y residuos industriales.
- Responsabilidad ampliada del productor de residuos y la posibilidad de llevar a cabo la recuperación de suelos contaminados por parte de su responsable.
Agentes de residuos
En la Ley de residuos y suelos Contaminados de 8 de abril se recogen algunas definiciones con el fin de esclarecer las competencias de gestión. Las descripciones sobre qué es residuo, reutilización, valorización y compost delimitan cómo deben tratarse los desechos.
Igualmente se amplían y distinguen las figuras del negociante y agente de residuos. Mientras los primeros son todas aquellas personas físicas o jurídicas que adquieren residuos para su valorización y venta, los gestores reciben un beneficio acordado con el productor para su gestión.
Por último, se introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico el concepto de subproducto y se atribuyen competencias a las comunidades autónomas para la regulación del fin de la condición de residuos.
